LA CLASE OBRERA BAJO EL RÉGIMEN DE FRANCO

LA CLASE OBRERA BAJO EL RÉGIMEN DE FRANCO

Comentario sobre el artículo del libro de Paul Preston
España en crisis. La evolución y decadencia del régimen de Franco.

 

(Manuel Robles  – 14/12/2010).

 

Este comentario consta de dos partes: en la primera parte figura un resumen que ilustra la evolución de la clase obrera y una reflexión sobre el protagonismo que tuvo en la crisis de la dictadura franquista; y en la segunda parte, las conclusiones sobre el papel que desempeño la burguesía liberal y la clase obrera bajo el régimen de Franco y los resultados de las políticas desmovilizadoras en la posterior transición democrática hasta nuestros días.

 

Un régimen como el franquista, que se prolongó de una manera tan dilatada en el tiempo, sin haber sido capaz de evolucionar con la suficiente flexibilidad y rapidez, estaba condenado a engendrar importantes procesos de crisis, como consecuencia de la falta de ajuste entre el sistema político y la realidad social. Crisis que en buena medida se debió a la incapacidad del régimen para afrontar las consecuencias de la transformación socioeconómica que él mismo había potenciado. Esta transformación socioeconómica a partir de los años sesenta, iba a suponer tanto la modificación de su base social, como el cambio de las actitudes políticas de los españoles. Sin duda alguna, uno de los aspectos centrales para la comprensión de la crisis del régimen en esos años son los comportamientos de clase, destacando la conflictividad social.

 

La existencia de una aparente indiferencia en amplios sectores no debe confundirse con el apoyo al régimen. La sociedad se movilizó desde diversas manifestaciones antes de los años sesenta, pero será a partir de aquí, cuando la conflictividad y la oposición desde distintas vertientes vayan creciendo de forma continuada hasta convertirse en un factor decisivo en la vida española.

 

El despegue económico producido al comienzo de la década de los sesenta tendrá uno de los ejes centrales en un nuevo modelo industrial productivista basado en la concentración de una abundante mano de obra que percibirá salarios muy bajos. Esta masiva política de industrialización desencadenó un tremendo aumento de la clase obrera industrial, incorporándose al trabajo jóvenes sobre los que ya no pesaba el recuerdo de la guerra civil, tratándose de lo que se ha denominado nueva clase obrera, cuya aspiración será conseguir un incremento salarial y la posibilidad de resolver sus aspiraciones en el marco del crecimiento económico producido.

 

En los cambios producidos en la morfología del conflicto obrero, partimos de dos espacios centrales para el desarrollo obrero: el barrio y la fábrica. Estos cambios establecieron la base desde la cual se pudo articular una nueva forma de acción colectiva bajo el franquismo que fue producto de la interacción entre el cambio económico y las personas que, viviéndolo, construyeron respuestas que conformaron un nuevo modelo de conflicto obrero.

 

La pieza central que aceleró la introducción del modelo productivista vino de la mano de la Ley de Convenios Colectivos de 1958,  que tenía dos objetivos fundamentales: por un lado devolver, aunque fuera parcialmente, la capacidad de negociación de las condiciones laborales a empresarios y trabajadores buscando un compromiso entre ellos, y por otro, se pretendían crear con la ley mecanismos capaces de estimular el crecimiento económico a través del incremento de la productividad. En este nuevo marco legal, la nueva clase obrera industrial intentará acompasar el aumento de sus salarios y la mejora de sus condiciones de trabajo a ese incremento de la productividad. Al multiplicarse la acción negociadora, también se multiplicó la posibilidad de diferencias entre las partes y por tanto los enfrentamientos, al encontrarse los obreros indefensos ante la intransigencia empresarial y la omnipotencia del Estado lo que provocará una espiral de conflictos laborales. No obstante, se abre una pequeña grieta en el ámbito de la empresa por la cual pueden entrar pequeñas reivindicaciones.

 

El nombramiento como Papa de Pablo VI y el Concilio Vaticano II, van a suponer el aumento de distancias entre la Iglesia y el poder, estableciéndose una íntima conexión entre el movimiento obrero, universitario y un sector de la iglesia católica que compartirán ideales, esperanzas y también represión. Las movilizaciones sociales de carácter laboral contarán con el apoyo de militantes cristianos comprometidos que ofrecerán cobertura a la acción de grupos de la oposición y por ello serán reprimidos de forma conjunta. Sin embargo lo que constituye un desafío continuado para el régimen franquista será el aumento muy significativo de la conflictividad social porque el descontento de la clase obrera significaba la quiebra de la paz social, que se pretendía presentar como uno de los logros más importantes conseguidos.

 

Avanzando la década de los sesenta, existe un cierto cambio respecto a las motivaciones de los conflictos laborales, teniendo como eje el año de 1967. José Mª Maravall sitúa en este año el punto de inflexión entre las movilizaciones de índole laboral y las de carácter político, pero en esta periodización no existe consenso y ha sido puesta en entredicho por algunos investigadores.

 

Las huelgas fueron sin duda las más llamativas de todas las formas de acción colectiva, tanto por el alto número de participantes, como por su repercusión en la vida económica. Es verdad que muchas de estas huelgas convocadas por sindicatos todavía ilegales, tenían como causa inmediata reivindicaciones laborales de los sectores implicados, pero a tales reivindicaciones se sumarían habitualmente la reclamación de las libertades políticas y sindicales básicas.

 

Sin duda las instituciones del régimen fueron conscientes de la importancia del movimiento huelguístico que se había producido y no sólo desde el punto de vista económico, sino por el propio prestigio que llegaron a alcanzar, y ante este contexto el régimen empieza a ceder.

 

Sin embargo, el gobierno puso en contradicción su concepción de la política y la realidad social y no percibe ésta más que como un problema de orden público, utilizando la represión con fundadas sospechas de torturas. Dada la naturaleza contradictoria de las pretensiones del gobierno y la realidad hubo un aumento rápido e importante en el nivel de concienciación de la clase obrera. Se le había prometido a la clase obrera la imagen, las aspiraciones y algunas de las estructuras de una sociedad europea, moderna y democrática pero carente del contenido político y la base económica correspondientes.

 

Al final de la década las huelgas se habían extendido a provincias sin tradición obrerista y a sectores novedosos como el automóvil involucrándose también, junto a los obreros, grupos de clases medias. El eco internacional alcanzado por aquellas huelgas constituye otro valioso indicador de su trascendencia. El reflejo obtenido en la prensa en forma de informaciones,  artículos y muestras de solidaridad, pone de manifiesto hasta qué punto los ojos de la opinión pública internacional se vuelven hacia España atentos a los acontecimientos protagonizados por el movimiento obrero.

 

La nueva cultura antifranquista ya no ponía sólo en cuestión al régimen político, sino a las propias clases sociales que lo sustentaban. El poder se encontró con una resistencia creciente que adquiría la forma de un verdadero contrapoder. La masificación y la industrialización habían cambiado hábitos y mentalidades.

 

El movimiento obrero de los años setenta fue extendiéndose llegando a muchas zonas donde la conflictividad obrera prácticamente no había estado presente hasta entonces, debemos resaltar la incorporación de sectores nuevos como la enseñanza, la sanidad, la banca… que se suman a la protesta obrera. La popularización de la misma, la incorporación laboral de militantes que se habían formado en el movimiento estudiantil o juvenil de los años sesenta, y la creencia sustentada en realidades de que la única forma de conseguir mejoras en las condiciones de vía pasaba por la movilización colectiva, explican este fenómeno nuevo de los setenta que acabó de consolidar entre amplios sectores de la población una imagen nueva de la protesta de los obreros.

 

Era evidente que la dictadura franquista carecía de alternativas y mecanismos eficaces ante la conflictividad laboral. Por una parte, la política social del régimen era incapaz de neutralizarla a pesar de que éste era justamente uno de sus objetivos básicos en el marco de la pretensión de alcanzar la armonía social. Y por otra parte, las tentativas de encauzarla, incluso con la regularización final de la huelga, resultaban baldías por su carácter tan restrictivo, y, porque descartaban la aceptación de la libertad sindical por ser incompatible con la naturaleza del régimen. No quedaba entonces otro instrumento a utilizar que una dura política de orden público para contener los conflictos que provocaba una profunda erosión al conjunto del régimen y constituía un factor que alimentaba el enfrentamiento y la crítica en buena parte de la sociedad española.

 

A esta situación se añaden los primeros efectos de la crisis económica internacional, la necesidad de tomar medidas económicas duras, la clase política se encontraba claramente dividida, y ya no hay un criterio unívoco en las esferas del poder, se ha producido la crisis. Crisis no sólo de hegemonía, sino de los propios aparatos para poner en práctica esa hegemonía. Por un lado están los dispuestos a continuar como sea y por otro los más dúctiles que apuestan por ciertas transformaciones en las que ellos seguirían desempeñando su función de élite política. En las élites del poder económico está también el sector habituado a los beneficios de tantos años que no admite diálogo y cree posible seguirlos obteniendo con la ayuda de un Estado firme en sus aparatos coactivos; pero también existe el sector más abierto a los fenómenos de nuevo cuño que piensa que la rentabilidad sólo se puede aumentar ya dentro de un marco de negociación con los trabajadores.

 

La clase obrera consiguió ser el único sujeto social antes de la muerte del dictador que produjo una ruptura política y social en el ámbito sindical con la victoria de las candidaturas de la oposición obrera en las elecciones de junio de 1975. De hecho, esto rompía uno de los pilares básicos que el franquismo como régimen político y social, y erosionaba parte del apoyo social en el que había delegado su representación política a cambio del control social.

 

Finalmente se instala en nuestra sociedad una “Nueva Cultura Política” que desde los años sesenta se había ido forjando en los sectores más activos de la sociedad, facilitando con su colaboración, la actitud tenida en los momentos claves del proceso, no sólo en los objetivos, sino en la forma en que se produjo la transición. Ni la conflictividad laboral ni la acción de los grupos obreros antifranquistas lograron provocar el derrumbe de la dictadura pero contribuyeron decididamente a erosionarla tan profundamente que en 1975 las tentativas continuistas resultaron inviables, (aunque ya en el decenio de los sesenta, los síntomas de crisis de hegemonía eran ya evidentes) manteniendo una fuerte presión a lo largo de 1976 los trabajadores contribuyeron decididamente a hacer posible la instauración de un régimen democrático en España.

 

Podemos plantear una cuestión fundamental en lo que se refiere a qué clase social fue la verdadera artífice de la caída de la dictadura en nuestro país. La clase obrera tuvo un protagonismo fundamental, pero no fue el único protagonista. El actual sistema demócrata-liberal en el Estado español es la culminación de un largo proceso que hunde sus raíces en la década de los cincuenta, liderado por la “derecha burguesa-liberal” e impulsado por la clase obrera.

 

No existe relación entre el carácter de economía capitalista de un país y el régimen político de que se dota la burguesía para mantener su dominación de clase. La burguesía de un país moderno y avanzado en la actualidad prefiere un régimen político de democracia burguesa al de una dictadura abierta, pero no por amor a la democracia, sino por que, de esa forma, esconde mejor su dominación de clase y puede utilizar los resortes del juego parlamentario y a los dirigentes reformistas de las organizaciones obreras, aún cediendo parte de sus privilegios para que se puedan ampliar las clases medias (que son las de mayor porcentaje de votantes), y poder llevar a cabo la política que más le interesa en cada momento.

 

La división que se comenzó a dar a principios de los años 70 dentro de la burguesía española, con el surgimiento de un ala “liberal” que muy tímidamente planteaba la necesidad de reformas democráticas a la dictadura franquista, estuvo indisolublemente ligada a la impresionante irrupción del movimiento obrero en la vida política y social de nuestro país, que con sus huelgas y luchas heroicas comenzaba a amenazar la propia existencia del sistema capitalista.

 

Entre finales de los años 60 y el año 1975, la clase obrera española protagonizó el movimiento huelguístico más grande que se ha dado en un país bajo un régimen de dictadura. Así, mientras que en el trienio 1964/1966 se perdieron 171.000 jornadas de trabajo en conflictos laborales, en 1966/1969 fueron 345.000; en 1970/1972, 846.000; y en 1973/1975, 1.548.000. Posteriormente a la muerte del dictador el movimiento huelguístico adquirió unas dimensiones insólitas, perdiéndose desde 1976 hasta mediados de 1978 13.240.000 jornadas de trabajo.

 

No fueron, pues, sólo las necesidades económicas las que obligaron a la burguesía a dejar atrás a la dictadura, sino el peligro de la revolución lo que llevó al sector más inteligente y previsor de la burguesía española (vistiéndose con un adecuado ropaje “liberal”) a apostar por reformas por arriba para evitar la revolución por abajo.

 

Cada paso adelante dado en las reformas democráticas entre 1976 y 1978 fueron arrancadas con la lucha y la sangre de la clase obrera de nuestro país, creando las condiciones para que el ala “liberal” de Suárez estableciera su hegemonía e iniciara sus contactos con los dirigentes del PCE y el PSOE para llevar a cabo una “transición democrática” controlada. La matanza de Atocha en enero de 1977 y la ira de los trabajadores, frenada por los dirigentes del PCE, fue lo que terminó de convencer a dicha “burguesía liberal” de la necesidad de legalizar a los partidos y sindicatos de la clase obrera y proponer elecciones democráticas y una Constitución, para que éstos pudieran controlar desde la legalidad a un movimiento obrero que se le escapaba de las manos. Las innumerables manifestaciones y huelgas en aquellos meses y años fueron las que impulsaron la libertad de los presos políticos, el Estado de las Autonomías para las nacionalidades y regiones que componían al Estado español y los avances sociales obtenidos en aquellos años.

 

Posteriormente, fueron las políticas desmovilizadoras de los sucesivos gobiernos a través de la financiación y diversificación de las estructuras sindicales y vecinales y la asimilación de sus líderes, así como la política claudicante de los dirigentes obreros, la que ayudó a imponer los sucesivos pactos sociales que desmovilizaron a la clase obrera y frustraron sus aspiraciones de cambio profundo. Al igual que entraron en la lucha política, sindical y vecinal, millones de trabajadores, mujeres y jóvenes frustrados, cansados y desorientados, se fueron apartando de ella. Esto permitió a la burguesía española retomar el control de la situación.

 

A lo largo de las cuatro últimas décadas, conforme se iba produciendo esa desmovilización política e ideológica, hemos sido testigos del impulso, mediante la práctica de políticas neoliberales de los diferentes gobiernos, del progresivo fortalecimiento de la burguesía comercial, industrial y financiera, hasta el punto de que, se han constituido en un potente grupo de presión que va imponiendo sus postulados a los sucesivos gobiernos en lo referente a las políticas sociales, laborales, financieras e industriales. En cuanto a la situación de la Iglesia, ésta aunque no tiene la fuerza moral de la etapa franquista, si que tiene una evidente influencia en cuanto a capacidad de movilización y de orientación del voto sobre más de dos millones de ciudadanos católicos a la hora de apoyar las políticas más moralistas y conservadoras.

 

Así, mientras que en 1978 UGT y CCOO sumaban más de cinco millones de afiliados, apenas llegaban al millón en 1982. En la actualidad (2010), conocer la cifra exacta de afiliados a los sindicatos mayoritarios no es tarea fácil por la falta de transparencia, se barajan en torno a 1.052.000 sindicados en UGT, y en Comisiones Obreras, en cuyo último congreso se superaron los 1.209.000. Porcentualmente España se sitúa en la parte baja de la tabla europea de afiliación sindical, con un 17,4 por ciento, para el periodo correspondiente a 2008.